La profesora Rosa Gallardo destaca las ventajas de la reforma y pone el foco en los puntos menos claros

La profesora Rosa Gallardo, especialista en Economía, Sociología y Política Agrarias del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación en la Universidad de Córdoba ha analizado los últimos acuerdos alcanzados por el Parlamento y el Consejo Europeo en relación a la Política Agraria Común para el período 2014-2020. Para la profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, el primer aspecto destacable de la reforma radica en ser la primera en la que se aplica el procedimiento de codecisión, que ha permitido al Consejo y al Parlamento decidir en pie de igualdad.

Según explica Gallardo, el actual proceso de Reforma arrancó en el año 2010 con la publicación de la Comunicación de la Comisión “La PAC en el horizonte 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario”. A partir de ese momento, han sido numerosas las negociaciones, los acercamientos pero también los distanciamientos, entre las tres instituciones implicadas (Comisión, Consejo y Parlamento) hasta llegar al Acuerdo alcanzado en estos días. Para la profesora, lo más destacable del Acuerdo alcanzado es que: “i) habrá una Política Común para la agricultura europea en el periodo 2014-2020, que responde a retos alimentarios, ambientales y territoriales; ii) esta política se posiciona en el núcleo de la Estrategia Europa 2020 y iii) los Estados miembros dispondrán de un presupuesto aceptable para la ejecución de dicha política. Desde Europa se han marcado las grandes líneas del nuevo modelo: el abandono de la referencia histórica y el paso a un modelo de ayudas por tramos que trata de recuperar los vínculos con las nuevas demandas sociales y la visualización de la funcionalidad de los pagos”.

Sin embargo, en opinión de Rosa Gallardo, “aún queda mucho por decidir, ya que si hay un término que caracteriza a la nueva Reforma ese es la «flexibilidad», de tal forma que se abre una compleja negociación a nivel nacional y regional para decidir cómo aplicar en España lo aprobado a nivel comunitario”. Según Gallardo, algunos de los aspectos que se podrían calificar como positivos en tanto que formaban parte de la posición negociadora española son: “la existencia de un presupuesto suficiente para la agricultura española, la posibilidad de limitar la superficie admisible, el amplio margen para el establecimiento de criterios de diferenciación del pago básico, la posibilidad de sustituir un pago homogéneo para todas las hectáreas por una convergencia de ayudas hasta un mínimo del 60% de la media en una región hasta 2019, teniendo en cuenta que ningún agricultor podrá perder más del 30% del pago que recibe en estos momentos, así como la flexibilización del denominado Pago Verde (valga a modo de ejemplo la consideración de todos los cultivos leñosos como “verdes por definición”)”.

Frente a estos aspectos, hay otros que, a juicio de la profesora, generan dudas. Entre éstos puede destacarse la timidez en los avances asociados a las cuestiones relativas a la regulación de mercados, o en el contexto nacional el riesgo de perpetuar desequilibrios o situaciones difícilmente justificables, al ser la prioridad a nivel español limitar al máximo los trasvases entre Comunidades Autónomas, sectores o agricultores. Esta prioridad lleva al diseño de un complejo mapa de regiones para diferenciar los pagos. De cualquier forma, para valorar en su totalidad la Reforma habrá que esperar a las decisiones que se adopten en los Grupos de trabajo diseñados a nivel interno para abordar cuestiones clave para la aplicación de la nueva Política como son: la definición de agricultor activo, ayudas acopladas, modelo definitivo de regionalización, los trasvases entre pilares, o la convivencia de un Programa Nacional de Desarrollo Rural junto a los respectivos Programas regionales.